cuando ocurrieron una serie de fuertes protestas y disturbios durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, que comenzó el día 27 de febrero y terminó el 8 de Marzo 1989 en la ciudad de Caracas, e iniciados realmente en la ciudad de Guarenas, cerca de Caracas.
La economía de venezola cayó a partir del endeudamiento que generó el
país después del "boom" petrolero en los 70. A partir de ese momento,
comenzó una caída paulatina a medida que el Estado venezolano aumentaba
su recaudación y gastos. Esto causó una devaluación de la moneda en
1983. A partir de entonces las políticas económicas de los gobiernos de
Luís Herrera Campíns y Jaime Lusinchi no fueron capaces de frenar las
espirales inflacionarias, generando desconfianza en las inversiones y
pérdida de credibilidad en la moneda nacional. Algunas de las políticas
que emplearon estos gobernantes fueron controles de cambio a través de
RECADI (Luis Herrera Campins) y un control de precios (Jaime Lusinchi),
medidas que devinieron en corrupción administrativa y mercados negros de
divisas y bienes. Estas situaciones incrementaron la desinversión
privada, generando una escasez gradual. En 1988 resulta electo Carlos
Andrés Pérez en los comicios del 4 de diciembre con 3.879.024 votos (52,
91% de los sufragantes), hasta esa fecha, el mayor número de votos en
términos absolutos y hasta la actualidad el mayor apoyo a un candidato
presidencial respecto al total de votantes inscritos.
Con este gran respaldo popular el gobierno de Pérez buscó dar un cambio
al liberar la economía, a través de un programa de ajustes
macroeconómicos promovido por el Fondo Monetario Internacional (FMI), al
que se le llamó "Paquete Económico", concebido para generar cambios
sustanciales en la economía del país. Se anunciaron medidas de
aplicación inmediata y otras de aplicación gradual en plazos breves. El
paquete comprendía decisiones sobre política cambiaria, deuda externa,
comercio exterior, sistema financiero,política fiscal, servicios
públicos y política social. Sin embargo, la liberación de precios y la
eliminación del control de cambio generó un reajuste sumamente brusco
para las personas de menores ingresos.
A solo pocas semanas de asumir el gobierno el entonces presidente Pérez,
se decide poner en práctica de manera inmediata el paquete de ajuste y
de medidas económicas, financieras y fiscales. El 26 de febrero el
ministerio de Energía y Minas anuncia el alza en 30% de los precios de
la gasolina y el incremento de las tarifas del transporte público urbano
e inter-urbano también en un 30% a partir del 27 de febrero, válido
para los 3 meses siguientes, después de los cuales podrían aumentarse
hasta el 100%.
Las medidas económicas y sociales impuestas por el gobierno y la
creciente tasa de pobreza, originaron la masacre y la ola de violencia
llamada como el "Caracazo".Las protestas se iniciaron en Guarenas
(ciudad ubicada a 15 km al este de Caracas), la mañana del 27 de febrero
de 1989, también se desatan los saqueos y la violencia en Caracas, la
gente de escasos recursos de la capital, en zonas populares como Catia,
El Valle, Coche y Antímano, toman el control de las calles. Los canales
de televisión transmitían en vivo los hechos, al principio en los
sectores populares había protestas pacíficas, pero ante el descontrol y
la ineficacia de los cuerpos de seguridad, se producen más
enfrentamientos, motines y protestas, cada vez tornándose de forma más
violenta.
En horas de la tarde, había problemas en casi todos los barrios y
urbanizaciones de Caracas, los comercios habían cerrado y el transporte
público no prestaba servicio. En los días siguientes, los medios de
comunicación mostraron imágenes que permitieron ver la magnitud de los
saqueos. Durante muchos meses se discutió cómo pudo acontecer algo tan
violento en Venezuela. Desbordado por los saqueos, el Gobierno declaró
el toque de queda, militarizó las ciudades principales y aplastó las
protestas con violencia desmesurada. En la ciudad de Caracas se activó
el "Plan Ávila", el cual confería al Ejército la custodia de la ciudad,
habilitándolos para el uso de armas de guerra al momento de contener las
manifestaciones. Algunos utilizaron armas de fuego para defenderse o
atacar a los militares, pero las muertes de policías y militares fueron
incomparables con las muertes de civiles.
Hay un número de muertos, calculado según las fuentes, entre 73 y 100
muertos, enormes pérdidas materiales y miles de heridos. Fuentes
extraoficiales señalaron que el número de muertos fueron de 400. La
represión fue especialmente dura en los barrios pobres de la capital. El
poder ejecutivo suspendió las garantías constitucionales. Durante
varios días la ciudad vivió sumida en el caos, las restricciones, la
escasez de alimentos, la militarización, los allanamientos, la
persecución política y el asesinato de personas inocentes.
Según la cifra oficial emanada por el gobierno de CAP, los sucesos de
febrero y marzo de 1989 dejaron un saldo de 276 muertos, numerosos
lesionados, varios desaparecidos y cuantiosas pérdidas materiales. Sin
embargo, estos números de víctimas quedaron desvirtuados por la
posterior aparición de fosas comunes como La Peste, en el Cementerio
General del Sur, donde aparecieron otros 68 cuerpos sin identificar,
fuera de la lista oficial. “Nunca pudo conocerse la cifra exacta de
civiles muertos en estos sucesos”, según se cita en el portal del Comité
de Familiares de las Víctimas (Cofavic), de los sucesos ocurridos entre
el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989. En esta
organización no gubernamental sólo se reunieron 42 familiares de
fallecidos y desaparecidos y otras tres víctimas que quedaron
incapacitadas, no obstante, la cantidad de civiles masacrados el 27 de
febrero y los días posteriores es difícil de calcular. De hecho, se
habla de entre 2.000 y 3.000 personas asesinadas, aunque el entonces
ministro Ítalo del Valle Alliegro contaba poco más de 300. En el libro
Desaparición Forzada, sus autores, Yahvé Álvarez y Oscar Battaglini,
señalan que las acciones por parte del gobierno de CAP el 27 de febrero
alcanzan proporciones que las acercan al más brutal genocidio de la
historia venezolana. Un fallo de la Corte Interamericana de los Derechos
Humanos, 10 años después de la masacre al pueblo venezolano, ordenó al
Estado venezolano indemnizar a los familiares de 45 personas asesinadas
durante la revuelta social, todas representadas por Cofavic.
Todavía no se conoce el número exacto de muertos, heridos y
desaparecidos en esos día de febrero y marzo de 1989. Aunque los hechos
ocurrieron mucho antes de su mandato, el Gobierno del presidente Hugo
Chávez reconoció la responsabilidad del Estado venezolano y en el año
2006, a través de su Ministerio de Interior y Justicia, anunció
mecanismos para indemnizar también a las víctimas que no tuvieron acceso
a la Corte Interamericana.
Pérdidas Materiales:: Negocios asegurados en Caracas: Bs.
3.073.862.416,03. Negocios no asegurados en Caracas: Se estiman más de 3
mil millones de Bolívares.
Locales Saqueados en Caracas: 900 Bodegas, 131 Abastos, 95 Ferreterías, 62 Papelerías, 850 Negocios de Mercancía en General.
Incendios en Caracas: 154
El Caracazo marco un antes y un despues de la historia contemporánea de
nuestro pais, que hasta la fecha no se tiene con exactitud una cifra
real de los daños sociales y economicos que nos dejo hace 25 años estos
lamentables hechos.
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